La ATIC ejecuta capturas y órdenes de arresto en investigación por desvío de fondos públicos.
Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llevó a cabo un operativo en el marco del caso Sedesol, conocido como “Chequesol”, que investiga presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos con fines políticos en Honduras. Hasta el momento, se han capturado cuatro personas, mientras que las autoridades continúan ejecutando el resto de las órdenes judiciales pendientes.
Personas detenidas y órdenes en curso
Entre los arrestados se encuentran Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano y Paola Pérez, excuñada de la diputada Isis Cuéllar, quien junto con el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, figura entre los principales implicados. Las autoridades investigan al menos 67 presuntos delitos de corrupción, relacionados con el uso indebido de fondos de programas sociales para campañas políticas. 
El Ministerio Público informó que Cardona se presentará de manera voluntaria ante la justicia, mientras que Isis Cuéllar y otros implicados tienen órdenes de captura vigentes. El caso surge tras la filtración de un video en el que se evidencia la planificación del desvío de recursos para actividades proselitistas del partido oficialista.
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Detalles del caso Chequesol
Las investigaciones revelan que los fondos públicos se destinaban a la compra de kits promocionales para campañas políticas, que incluían equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas y otros artículos. Cada kit tenía un valor aproximado de 125 mil lempiras, según las declaraciones de la propia diputada Cuéllar en el material audiovisual.
Este escándalo ha generado gran impacto en la opinión pública, presionando a las autoridades para profundizar las acciones judiciales y garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos estatales.
Repercusiones y seguimiento
El caso “Chequesol” evidencia la existencia de estructuras organizadas que habrían utilizado recursos públicos para fines políticos, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Las autoridades aseguran que continuarán con los operativos y presentarán a los imputados ante los tribunales competentes para responder por los delitos imputados.
