El Ministerio Público acusa al exjefe militar por presuntos delitos contra periodistas, mientras el general asegura que enfrentará el proceso judicial.
Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por la presunta comisión de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales en perjuicio de periodistas hondureños.
La Fiscalía fundamentó la acusación en publicaciones difundidas a través de plataformas digitales de las Fuerzas Armadas, donde, según la investigación, se señaló y expuso públicamente a periodistas y medios de comunicación. El ente acusador considera que estas acciones afectaron el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los comunicadores.
Fiscalía cita al exjefe militar
El Ministerio Público citó a Roosevelt Hernández para comparecer el próximo 7 de agosto, cuando un juez desarrollará la audiencia de imputados.
Además, la acusación surge después de las denuncias presentadas por periodistas que aseguraron haber sido víctimas de campañas de estigmatización durante la gestión de Hernández al frente de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron la actuación de la Fiscalía y afirmaron que el proceso representa un paso importante para fortalecer la protección de la libertad de prensa en Honduras.
Hernández anuncia que responderá ante la justicia
Entretanto, Roosevelt Hernández rechazó los señalamientos y confirmó que comparecerá ante las autoridades para ejercer su defensa.
El general en condición de retiro aseguró que las declaraciones por las que lo investigan respondieron a afirmaciones realizadas por el periodista Rodrigo Wong Arévalo, las cuales calificó como falsas. Asimismo, sostuvo que actuó conforme a la Constitución de la República y negó haber atacado la libertad de expresión.
«No me voy a esconder. Si tengo que responder ante la justicia, lo haré», declaró.
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Caso pone a prueba la protección a la libertad de prensa
Finalmente, representantes del gremio periodístico y organizaciones de derechos humanos destacaron que este proceso podría marcar un precedente en la defensa de la libertad de expresión en Honduras.
Los sectores involucrados consideran que el desarrollo del caso permitirá medir la capacidad de las instituciones para investigar denuncias contra funcionarios de alto perfil y garantizar el respeto a los derechos de los periodistas.